sábado, 31 de marzo de 2012

Evidencia contundente de un fracaso anunciado

Lo que tanto advirtieron muchos y lo que tanto se negó a ver el gobierno, no falta mucho para que hoy se haga presente. Esto es el ajuste fiscal, producto de un enorme agujero en las cuentas de gobierno que fue causado por un nivel de gasto público insostenible y un proceso inflacionario que ha ido carcomiendo los ingresos fiscales a lo largo de los años. ¿Cuál es la consecuencia directa de este ajuste? un sinceramiento de precios atrasados, en otras palabras, aumentos en las tarifas de los servicios públicos de hasta tres dígitos como consecuencia de la quita de subsidios. Con esto no solo caemos a la realidad con un duro aterrizaje mediante, sino también se hace evidente el fracaso de este mal llamado modelo. 

Al margen del clientelismo político que motivó esta decisión del gobierno de subsidiar el consumo para todo tipo de bienes y servicios, hubieron muchos que creyeron en el noble objetivo de proteger a los más pobres y alzaron su voz no sólo para defender estas medidas con uñas y dientes sino también para descalificar y agraviar a todo aquel que se oponga a las mismas. Se decía que estábamos bien y que las quejas y oposiciones se debían únicamente a la mala costumbre argentina de "quejarse por todo" y ver siempre el vaso "medio vacío". Sin contar además las etiquetas de "vende patria", "golpista", "oligarca", "desestabilizador", "cipayo de los grupos económicos", etc.

Una vez que la mentira se hizo insostenible, el gobierno nacional como de costumbre, nunca asumió responsabilidades y continuó con su discurso proselitista y su habitual traslación de culpas. Ni lerdos ni perezosos, lanzaron un mega spot publicitario invitando a los ciudadanos a concientizarse y renunciar a los subsidios. No fue otra cosa que una hábil maniobra para no asumir el costo político por el impacto social y económico que generaría la quita de asistencialismo estatal. Ahora que la realidad es evidente, los costos son mucho mayores por haber estirado esta situación insostenible durante tanto tiempo.

Los subsidios son el ejemplo de ineficiencia más grande de parte del Estado, puesto que destina infinidad de recursos a solucionar ciertos problemas y no sólo no lo logra, sino que termina agravando lo ya existente. Bajo este sistema, el bienestar de la clase baja dura mientras dure la asistencia, pero mientras no haya un cambio en su situación (como conseguir un trabajo digno) todo seguirá siendo igual (o peor). El resultado de tanta intervención estatal ha sido una galopante inflación y un enorme déficit fiscal, que por supuesto ha perjudicado en mayor medida a los que menos tienen. A todo esto se le han sumado serios desarreglos macroeconómicos como la fuga de capitales, producto de un tipo de cambio atrasado y de los severos riesgos institucionales que existen en el país, como consecuencia de la escasa protección al derecho de propiedad privada. Como si fuera poco, la enorme presión fiscal y la rígida legislación laboral, entre otras cosas, han hecho que el país pierda mucho terreno en la captación de inversiones, lo cual se traduce en un crecimiento más acotado y sobre todo en una gran cantidad de puestos de trabajo que se pierden. 

Los países que salieron del fondo y hoy gozan de grandes niveles de desarrollo como Chile o algunos países europeos como España o Irlanda (pese a la recesión que hoy sufren), siguieron básicamente la misma receta. Esta es, adoptaron políticas de estado a largo plazo, que fueron respetadas por los sucesivos gobiernos independientemente del partido que fueran. Así, lograron desarrollo institucional y estabilidad política primero, para alcanzar la estabilidad económica después. La receta de esto última consistió en cimentar los pilares de la economía, como lo son, el equilibrio fiscal y una moneda fuerte. Fue de esta manera como lograron que el mundo los premiara con grandes niveles de inversiones y hasta con tratados de libre comercio, que fueron sin dudas altamente beneficiosos para sus países. 


La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central para cambiar su objetivo de "preservar el valor de la moneda" por el de “[...] promover, en la medida de sus habilidades y dentro del esquema de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, estabilidad financiera, el empleo y el crecimiento económico con equidad social”, resume la desesperación del gobierno porque la caja no cierra.

No hace falta hacer mayores comparaciones ni análisis para saber que hace tiempo estamos equivocando el rumbo, el problema es que acá siempre se inventa la pólvora y terminamos haciendo culto al fracaso. 

La Argentina y sus desastres inflacionarios. Parte III

Breve referencia al Nuevo Régimen Monetario

En el sistema anterior existente a la ley de convertibilidad 23.928, el banco central emitía en forma libre en función de las necesidades del Estado. El tesoro se endeudaba con el banco central y cada año dicha deuda era cancelada (al menos en teoría).

Hacia abril de 1991, el tipo de cambio equivalía a un dólar cada 10.000 (diez mil) australes. En ese entonces se permitió la libre convertibilidad de cada austral a dólares a la cotización establecida, al aprobarse la 23.928. La ley disponía también que el BCRA debía guardar reservas de libre disponibilidad equivalente a no menos del 110% de la base monetaria con el objeto de institucionalizar mediante sanción legislativa el sistema de conversión impuesto. Para reforzar esta relación entre moneda nacional y divisa norteamericana “se llegó a modificar incluso el código civil de la República Argentina autorizando así los contratos en moneda extranjera”. A la par se prohibió la indexación de los contratos para que la inflación pasada no fuera trasladada al futuro, cortando de esta forma la inercia inflacionaria.

Además se dispuso una rebaja de los encajes bancarios en los depósitos en australes y un aumento de los correspondientes en dólar. Finalmente el 1 de enero de 1992 el austral fue reemplazado por el peso convertible a dólar con una paridad de 1 a 1. La convertibilidad fue un sistema con tres partes que actuaban de manera articulada: 1. Tipo de cambio Fijo; 2. Una moneda convertible y 3. Una emisión monetaria dependiente del ingreso de dólares al B.C.R.A.

Acompañando la filosofía de este nuevo programa macroeconómico sustentado en la ley 23.928, es que se sanciona en el año 1992 la nueva ley del BCRA numero 24.144, donde el BCRA valga la redundancia, ya “no iba a emitir más” en forma libre y en atención a las necesidades estatales; sino que la emisión monetaria “únicamente” sería dependiente al ingreso de dólares al banco central. La convertibilidad modificó sustancialmente el funcionamiento del B.C.R.A. Bajo un sistema estándar, el banco central emite moneda de acuerdo a los criterios fijados por el gobierno y de forma independiente. En los sistemas de “caja de conversión”, la oferta monetaria está determinada por el ingreso o salida de dólares de la reserva del banco central. El gobierno impuso la autarquía del banco central. Este enfoque de banco central independiente es producto de la cultura monetarista surgida en los ’70, cuyo fin buscó lograr la subordinación de la economía productiva a la monetaria. El monetarismo, en alguna medida lo bueno que plantea, es la necesidad de contar con un banco central “independiente” a las presiones de los gobiernos de turno y dispuesto a manejar la oferta monetaria solo con criterios anti- inflacionarios estrictos. La independencia del banco central constituye una opción política tras el resultado de la importancia del sector financiero sobre la economía real.

Nuevos retrocesos y años perdidos

El salvajismo económico de 2002 incluyó una serie de medidas confiscatorias que afectaron severamente los ahorros de argentinos que habían confiado en el sistema financiero nacional. Primero vino el corralito, el cual se caracterizo por la imposibilidad que sufrieron los ahorristas para poder retirar sus ahorros en dólares de los bancos. Luego sobrevino una brutal devaluación, seguida en forma inmediata por una pesificación lo cual disparó aún más el tipo de cambio producto de la corrida cambiaria que generaron estos dislates en materia económico.

La estabilidad monetaria en Argentina se perdió para no volver a recuperarse. La devaluación dejó el camino pavimentado para las fiestas de emisionismo monetario y gasto público que hoy vemos. Ayudadas por si fuera poco, por un contexto internacional altamente favorable a las exportaciones de productos primarios y por ende a la recaudación del gobierno, ya que sobre los productos exportados recayeron grandes impuestos como las retenciones del 35% a la venta de soja al extranjero.

Después del fogonazo del 2002 producto de la enorme devaluación, la inflación comenzó a mostrar sus dientes alrededor del 2005. Nuevamente, no se hizo nada por detenerla, se adoptaron las mismas medidas represivas que sólo se limitaron a contener la inflación y no eliminarla, pavimentando el camino a una nueva hiperinflación.

No hay muchas diferencias entre lo que se hizo en tiempos pasados y lo que se hace hoy: emisionismo monetario; subsidios descomunales a los servicios públicos; acuerdos de precios con diversos sectores; mercados cautivos; etc. Se está incubando un monstruo hiperinflacionario que cuando termine de aparecer va a tener severas consecuencias no sólo para la economía sino también para la vida de los argentinos.


Fuente: Fuente: extraído de  GARCIA MORENO, AGUSTIN MATIAS. “EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LOS PROCESOS INFLACIONARIOS Y LA IMPORTANCIA DE SU AUTONOMÍA”. Universidad Católica de Cuyo. 2011. Datos Indec

miércoles, 28 de marzo de 2012

La Argentina y sus desastres inflacionarios. Parte II.

La década del ’80 fue desastrosa. Hacia fines de la misma, estalló la hiperinflación, causando estragos en la vida social y económica de los argentinos. Fue el punto final y el colapso de un proceso de inflación crónica que había comenzado en 1945 y finalizó 45 años después. 

Las devaluaciones de la moneda se hicieron cada vez más frecuentes, como consecuencia de un persistente déficit fiscal, financiado con creciente emisionismo monetario. La aceleración inflacionaria fue el resultado de la creciente desmonetización de la economía, a medida que los agentes trataban de evitar el pago del impuesto inflacionario.


Durante los últimos años de este período, el desborde inflacionario mostró notablemente sus costos económicos y sociales. La economía, cada vez más desorganizada producto de una inflación crónica y creciente, cayó durante los años 80 a un ritmo anual del 1%.

El empleo mantenía su crecimiento de 1,6% anual, pero la productividad media por persona ocupada seguía cayendo al 2,6%. Esto último se debe a que sólo se expandían actividades improductivas, sobre todo en el sector público, y en menor medida en el sector privado, que permanecía protegido de la competencia externa y sus inversiones se volcaban hacia la especulación financiera. El gasto público promedio de la década del 80 fue del 33%, mientras que el déficit fue del 5% del producto bruto interno (Ver tabla 1).

El colapso vino en el año 1989, cuando de diciembre a diciembre la inflación alcanzó casi el 5000%, y en el pico de marzo 1989-marzo 1990, alrededor del 20.000% anual. Por otro lado, el gasto público representó el 35,6% del PBI, las importaciones disminuyeron un 21% y la caída del producto bruto interno superó el 6% (Tabla 1).

En mayo del mismo año, la fórmula del Frente Justicialista Popular compuesta por Carlos Menem – Eduardo Duhalde había triunfado en los comicios presidenciales para suceder a Raúl Alfonsín.
                    
A partir de 1990 y a fines de lograr la estabilidad, el nuevo gobierno llevó a cabo un cambio radical en la organización económica argentina. Este consistió en un replanteo integral que incluyó: a) la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales; b) la desregulación económica y la privatización de empresas públicas; c) la reducción del aparato burocrático del sistema tributario; y d) la creación de un nuevo régimen monetario.

Como lo muestra el siguiente gráfico, las nuevas medidas tuvieron una gran efectividad en la reducción de la inflación:

                           Figura 4.
Fuente: extraído de  GARCIA MORENO, AGUSTIN MATIAS. “EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LOS PROCESOS INFLACIONARIOS Y LA   IMPORTANCIA DE SU AUTONOMÍA”. Universidad Católica de Cuyo. 2011. Datos Indec

El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, llegándose a registrar una tasa anual de inflación de un dígito para los años posteriores a 1993. La tabla 1 ilustra la mejora que tuvieron algunos indicadores macroeconómicos tales como los referidos al empleo; al gasto público y al nivel de actividad económica.

                Tabla 1.
Fuente: extraído de  GARCIA MORENO, AGUSTIN MATIAS. “EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LOS PROCESOS INFLACIONARIOS Y LA   IMPORTANCIA DE SU AUTONOMÍA”. Universidad Católica de Cuyo. 2011. Datos Indec

El gasto público experimentó una enérgica reducción del 35,6% del PBI en 1989 al 29,8% en 1990, para luego continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal tuvo un similar comportamiento al bajar del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 fluctuó alrededor del 0%. 


En 1991 el producto bruto interno se recuperó en forma notable para crecer ininterrumpidamente hasta 1995, cuando la economía entró recesión producto de la salida de capitales provocada por el efecto “tequila” de la crisis mexicana. La recesión duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía volvió a mostrar signos de recuperación. 

Fuente: Fuente: extraído de  GARCIA MORENO, AGUSTIN MATIAS. “EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LOS PROCESOS INFLACIONARIOS Y LA IMPORTANCIA DE SU AUTONOMÍA”. Universidad Católica de Cuyo. 2011. Datos Indec